El Gobierno creó un programa para bloquear celulares en cárceles provinciales
La adhesión de las provincias será voluntaria y deberán costear la tecnología. Las operadoras tendrán 48 horas para ejecutar los bloqueos.
El Ministerio de Seguridad Nacional formalizó la creación de un programa para extender a las cárceles provinciales el sistema de detección y bloqueo selectivo de celulares que ya rige en los penales federales. El objetivo es impedir que los detenidos usen teléfonos para organizar delitos o mantener contacto con estructuras criminales desde adentro de las unidades.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 806/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La adhesión de cada provincia será voluntaria: para sumarse deberán firmar un convenio y hacerse cargo de la compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos. La Subsecretaría de Articulación Federal quedó a cargo de coordinar la implementación con las jurisdicciones que se sumen.
El sistema permite identificar y bloquear tres elementos asociados al uso de los teléfonos: el IMEI del aparato, el IMSI de la tarjeta SIM y la línea telefónica. A diferencia de los inhibidores generales, apunta a dispositivos puntuales dentro de zonas restringidas de las cárceles, sin interferir con las comunicaciones del entorno. Si de todos modos se generan interferencias sobre redes externas, los equipos deberán apagarse hasta resolver el inconveniente.
El procedimiento previsto establece que cada establecimiento deberá detectar los celulares activos y confeccionar reportes con sus identificadores. Esa información se cargará a diario en un servidor del Ministerio de Seguridad, que actuará como intermediario entre las provincias y las compañías de telecomunicaciones. Una vez validada la solicitud, las operadoras tendrán un plazo máximo de 48 horas para ejecutar el bloqueo y confirmar su cumplimiento.
El convenio también fija obligaciones para las provincias: deberán mantener registros actualizados, realizar auditorías periódicas y designar responsables operativos del esquema. Además tendrán que habilitar espacios seguros donde ciertos funcionarios y profesionales autorizados dejen sus teléfonos antes de ingresar a las áreas sometidas a detección. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años.
En el caso de Santa Fe, la puesta en marcha del sistema dependerá de que el gobierno provincial adhiera formalmente y defina en qué unidades penitenciarias comenzaría a aplicarse.
Fuente: Cadena 3.
