Sigue la negociación por los espacios del nuevo anexo de Tribunales en Santa Fe
La Corte Suprema santafesina ofreció al Ministerio Público un piso completo y sectores de otros dos edificios para destrabar el conflicto por el uso de las nuevas instalaciones judiciales.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y las titulares del Ministerio Público Acusador y de la Defensa Pública mantuvieron esta semana una nueva reunión para avanzar en un acuerdo sobre el reparto de espacios en el edificio anexo de Tribunales, inaugurado el 30 de junio.
El encuentro se realizó en la planta alta del edificio y contó con la presencia del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, junto al resto de los ministros del tribunal, y de María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, al frente del MPA y de la Defensa Pública respectivamente.
Gutiérrez presentó una propuesta que ofrece al Ministerio Público la totalidad del sexto piso del nuevo edificio, además de sectores de los pisos primero y quinto, y las oficinas del inmueble de Amenábar y San Jerónimo, donde actualmente funcionan juzgados de circuito. Vranicich y Moreno Robinson no respondieron de manera inmediata: acordaron evaluar la oferta junto a los equipos de arquitectura de sus respectivos organismos.
Se trata de la segunda reunión desde que el gobernador Maximiliano Pullaro señalara públicamente, durante el acto de inauguración del anexo, la ausencia de las dos titulares del Ministerio Público. En esa oportunidad, Pullaro pidió que las partes se sentaran a dialogar para acordar el uso de instalaciones construidas con fondos públicos y ofreció su intermediación para destrabar la disputa.
La controversia se originó por la disconformidad de Vranicich y Moreno Robinson con la reasignación de metros cuadrados dispuesta por la Corte Suprema, motivo por el cual ambas funcionarias no participaron del acto inaugural.
El reclamo del Ministerio Público Fiscal tiene un componente de urgencia adicional: en la Regional I necesitan resolver cuanto antes la situación edilicia, en particular por las condiciones del inmueble ubicado en 1 de Mayo al 2800, donde trabajan más de 90 personas y a diario asisten decenas de víctimas para realizar trámites. En el organismo señalan que los contratos de ese edificio están vencidos y consideran prioritario contar con instalaciones adecuadas tanto para el personal como para quienes son atendidos allí.
Por el momento, la negociación sigue abierta: el Ministerio Público analiza la última propuesta de la Corte y se espera una respuesta en los próximos días.
Fuente: El Litoral.



