Milei endurece la ofensiva por Malvinas y las petroleras dicen que no las afecta
Tras el anuncio presidencial contra proyectos petroleros en las islas, Rockhopper y Navitas aseguraron que sus licencias siguen vigentes. Meses atrás, un directivo de Navitas había descartado que Milei interviniera políticamente.
El gobierno de Javier Milei anunció una ofensiva contra los proyectos petroleros que avanzan en las islas Malvinas, entre ellos Sea Lion, operado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas. Las empresas respondieron con una declaración conjunta en la que afirmaron que las licencias otorgadas por el gobierno local de las islas siguen siendo válidas y que no esperan «efectos materiales» en el desarrollo del proyecto ni en su cronograma.
La respuesta de las petroleras llamó la atención porque contrasta con lo que había dicho hace apenas cinco meses Amit Kornhauser, directivo de Navitas, ante inversores y accionistas. En marzo pasado sostuvo que «las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención». En esa misma presentación había detallado que la producción de Sea Lion comenzaría en marzo de 2028 y que el proyecto contaba con una póliza de seguro contra riesgos políticos por 1.000 millones de dólares.
Esa lectura se apoyaba en declaraciones que Milei había hecho en abril de 2025, durante un homenaje a los Héroes de Malvinas, cuando dijo que el «voto más importante» sobre la soberanía de las islas es «el que se hace con los pies» y que la Argentina debía convertirse en una potencia tal que los isleños prefirieran ser argentinos sin necesidad de disuasión. Esas palabras habían sido interpretadas como un guiño al principio de autodeterminación que sostiene el Reino Unido y que fue la base del referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los isleños votó seguir siendo territorio británico de ultramar. La Argentina rechaza ese principio porque considera que la población de las islas fue implantada tras la expulsión de las autoridades argentinas en 1833.
El jueves, sin embargo, Milei cambió el tono. Afirmó que «Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas» y que representan «una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina», por lo que «la causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente». Anunció que la Cancillería envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados a proyectos en las islas, y adelantó un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios previstos en la ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
El exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas cuestionó los tiempos de la reacción oficial. Recordó que Navitas había anunciado su decisión final de inversión en diciembre de 2025, con lo que Sea Lion dejó de ser un proyecto exploratorio para convertirse en una inversión con producción prevista para 2028. «La reacción presidencial llega recién ahora, nueve meses después. Tal vez demasiado tarde», planteó en su cuenta de X, aunque valoró que los anuncios endurezcan las sanciones y convoquen a la unidad nacional por Malvinas.
Sea Lion es un yacimiento offshore en el Atlántico Sur que, de concretarse, sería el primero en producir crudo en aguas cercanas a las islas. Según datos de Navitas, al 31 de julio contaba con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles, con una primera fase que prevé 50.000 barriles diarios y una inversión de 1.800 millones de dólares hasta el primer crudo. La Argentina ya había sancionado a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022.
Con información de Infobae.
