La Justicia frena el tarifazo eléctrico de Kicillof en la Provincia

Un juzgado de Bahía Blanca dictó una medida cautelar que frena los aumentos en las tarifas eléctricas que había habilitado el gobierno de Axel Kicillof para cuatro distribuidoras bonaerenses. Mientras dure el proceso judicial, las empresas deberán volver a aplicar el cuadro tarifario vigente antes del incremento.

La decisión responde a una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis. Según Lorenzino, «las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente con la sociedad».

El fallo, firmado por el juez Agustín López Cóppola del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Bahía Blanca, alcanza a EDELAP, EDES, EDEA y EDEN. Quedan afuera Edenor y Edesur, que operan en el AMBA. El magistrado ordenó además que si los usuarios ya pagaron facturas con los nuevos valores, la diferencia se les acredite como saldo a favor en la próxima liquidación.

En su resolución, el juez citó jurisprudencia de la Corte Suprema para sostener que «la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida» y que resulta «un imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate» antes de fijar el precio de un servicio.

El fallo remarcó que el prolongado tiempo transcurrido desde la última audiencia pública sobre el tema —que el gobierno bonaerense ubicó a fines de 2016— juega en contra de la validez de la suba dispuesta sin nueva consulta previa. El Ministerio de Infraestructura había justificado los ajustes como parte de una etapa de transición vigente desde 2021, y sostuvo que los incrementos aplicados se mantienen por debajo de la fórmula de ajuste aprobada en 2017.

La medida regirá hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del planteo de la Defensoría del Pueblo. El caso vuelve a poner en discusión un punto central del funcionamiento republicano: la obligación del Estado de someter a control y participación ciudadana las decisiones que afectan directamente el bolsillo de los usuarios, antes de ejecutarlas.

Fuente: Clarín.