La emergencia en discapacidad, el frente que el Gobierno no logra cerrar
El tema acumula siete derrotas legislativas, un fallo judicial que obligó a reglamentar la ley y una causa por presunta corrupción que roza a Karina Milei
La política de discapacidad se transformó en un problema recurrente para el Gobierno. Desde el año pasado, el oficialismo sufrió siete votaciones adversas en el Congreso, incluida una insistencia contra un veto presidencial, y debió reglamentar la emergencia por orden judicial. En paralelo, avanza una causa por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que alcanza a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo «Lule» Menem.
El tema también generó tensiones con los aliados. Pro, la UCR y gobernadores que suelen acompañar al oficialismo se desmarcaron en distintos momentos. Esta semana quedó en evidencia en Diputados: la oposición impulsó una sesión para discutir una prórroga de la emergencia y proyectos de alivio al endeudamiento familiar. El oficialismo intentó frenarla evitando el quorum, pero ante la inminencia de una derrota cambió de estrategia y terminó acompañando los emplazamientos. En La Libertad Avanza calificaron la jugada de «brillante», porque lograron imponer el cronograma que habían propuesto originalmente y excluir del debate los proyectos con costo fiscal.
No es la primera vez que el Gobierno queda en minoría por este tema. La ley de emergencia se aprobó el año pasado en Diputados con 148 votos y en el Senado con 55, sin votos en contra y con ausencia de los libertarios. Tras el veto de Milei, las mayorías crecieron: Diputados insistió con 172 votos y el Senado completó el rechazo al veto con 63 contra siete. En diciembre, además, Diputados rechazó un capítulo del Presupuesto 2026 que proponía derogar la emergencia.
El conflicto también llegó a la Justicia. El Gobierno promulgó la ley mediante el decreto 681/2025 pero suspendió su aplicación, alegando falta de fuentes de financiamiento claras. Familias y prestadores presentaron amparos y en febrero de este año el Poder Ejecutivo terminó reglamentando la ley.
La disputa sigue abierta. Las familias reclaman una nueva prórroga porque sostienen que no se cumplió el artículo 13, que prevé una compensación a prestadores por la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y que quedó pendiente un ajuste de alrededor del 30% en el nomenclador que fija los honorarios de transportistas, terapias y centros de día. El Gobierno rechaza este planteo: la diputada libertaria Silvana Giudici afirmó que «la emergencia está cumplida» y citó un fallo de la Cámara Federal de San Martín, que sostiene que la ejecución de la ley «se encuentra en curso». Familias, prestadores y oposición interpretan lo contrario: que los pagos no están completos.
Pro y la UCR también reclamaron precisiones sobre los pagos pendientes. Pro pidió públicamente un «cronograma claro de pago a los prestadores», reclamo que su jefe de bloque, Cristian Ritondo, repitió en el recinto. Gobernadores como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora también se desmarcaron, en parte porque cuando las prestaciones no se cubren a nivel nacional, la demanda termina en hospitales e institutos provinciales.
El cuadro se completa con la causa que investiga en Comodoro Py presuntos sobreprecios y direccionamientos de licitaciones en la ex Andis, hoy Secretaría Nacional de Discapacidad, que alcanza al entorno más cercano del Presidente. La semana pasada, el fiscal Franco Picardi citó como testigo a Nadia Beller, quien según la nota de La Nación sostiene que el exasesor Fernando Cerimedo le contó que Karina Milei está involucrada en los hechos investigados y que existirían grabaciones al respecto. Se trata de una acusación bajo investigación judicial, no de un hecho probado. Con información de La Nación.
