Inocencia Fiscal: funcionarios quedan afuera del beneficio clave

El Gobierno introdujo un cambio clave en el proyecto de Inocencia Fiscal que impulsa el Ministerio de Economía: los funcionarios públicos quedan excluidos de los beneficios centrales del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La modificación llegó después de que el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adhiriera al régimen mientras es investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito, un episodio que aceleró el debate en el Congreso.

Según el texto que obtuvo dictamen en comisión, los funcionarios comprendidos en el artículo 38 bis de la ley podrán presentar la declaración jurada simplificada y pagar el impuesto correspondiente, pero no tendrán acceso a la presunción de exactitud ni a la protección frente a ajustes fiscales retroactivos. El proyecto establece textualmente: «En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen».

El objetivo declarado de la iniciativa es dar seguridad jurídica a los contribuyentes frente a cambios de gestión y estimular la bancarización de los dólares fuera del sistema financiero, un stock que el Gobierno calcula en USD 170.000 millones. El proyecto también elimina los topes de ingresos y patrimonio que la ley sancionada en diciembre había fijado para el ingreso al RSG, y amplía los parámetros que utiliza ARCA para detectar discrepancias en las declaraciones juradas.

El cambio respecto de los funcionarios, sin embargo, abre un interrogante sobre quienes ya se sumaron al régimen desde diciembre, cuando se sancionó la Ley de Inocencia Fiscal. Mariano Ghirardotti, socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, advirtió: «El tema de los funcionarios va a traer un lío porque los que ya ingresaron tienen un derecho adquirido, adquirieron la posibilidad de incorporarse con los beneficios vigentes a hoy».

Para Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la exclusión de los funcionarios es razonable, aunque considera que debería haber estado prevista desde el inicio de la norma. «Que no tengan la presunción de exactitud y el tapón fiscal, como son funcionarios públicos, no solo que los rija la ley de ética pública, sino que también el fisco les pueda hacer un ajuste tributario si se detecta un enriquecimiento», explicó. Domínguez también señaló que el proyecto no contempla la situación de los familiares de los funcionarios, algo habitual en otros regímenes similares.

El proyecto todavía debe pasar por el tratamiento en Diputados y luego en el Senado. La incógnita que queda abierta es si estos cambios lograrán destrabar la discusión legislativa y si finalmente incentivarán a los contribuyentes a sacar los dólares del colchón, en un contexto donde la campaña electoral ya está en marcha.

Con información de Infobae.