Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina
La reforma baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y crea un sistema diferenciado para adolescentes. Bullrich celebró la medida.
Desde este sábado rige en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que modifica el esquema de responsabilidad penal para adolescentes y reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual una persona puede quedar alcanzada por la normativa.
La senadora nacional Patricia Bullrich celebró la implementación a través de un mensaje en redes sociales. «Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás», escribió, y agregó que quienes roben, maten o lesionen deberán responder por los hechos cometidos.
La exministra de Seguridad cuestionó el funcionamiento del sistema anterior y afirmó: «Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace». Cerró su publicación con la frase «Se terminó la impunidad», en referencia a las familias de víctimas de delitos cometidos por menores.
El nuevo régimen establece un sistema penal diferenciado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos específicos que buscan separar su tratamiento del régimen aplicado a los adultos. Entre sus principales características figuran la especialización de los operadores judiciales, la aplicación de medidas socioeducativas y un esquema de sanciones graduado según la gravedad del delito.
La privación de la libertad queda reservada para determinados casos y bajo condiciones específicas. La reforma también prevé una mayor participación de las víctimas durante el proceso y mecanismos orientados a la reparación del daño.
La normativa había sido aprobada por el Congreso tras un debate marcado por fuertes diferencias políticas. Sus impulsores defendieron la reducción de la edad de imputabilidad como una herramienta para abordar delitos graves cometidos por adolescentes, mientras que sectores de la oposición cuestionaron distintos aspectos de la implementación, entre ellos los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de un sistema especializado.
Con la entrada en vigencia del régimen, comienza una nueva etapa que deberá contemplar la adecuación de los organismos judiciales y de los dispositivos destinados a los adolescentes alcanzados por la ley, mientras continúa el debate público sobre la edad de imputabilidad y las políticas de prevención del delito.
Fuente: El Litoral.
