El proyecto de Milei sobre Malvinas divide aguas en el Congreso
La iniciativa busca endurecer sanciones a empresas que operen en las islas sin autorización, pero la oposición cuestiona su choque con el RIGI y los beneficios a capitales británicos.
El Gobierno llevará este lunes a la reunión de Gabinete el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer la Ley 26.659 contra empresas que exploten hidrocarburos en Malvinas sin autorización argentina y extender sanciones a quienes les presten servicios. La iniciativa también prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que coordine a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y mecanismos de protección para infraestructura crítica y los espacios aeroespacial y marítimo.
Al presentar el paquete, Javier Milei convocó a tratar el tema como política de Estado: «Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional», sostuvo. El oficialismo y sus bloques aliados respaldaron el anuncio, aunque en la oposición surgieron cuestionamientos sobre la oportunidad del giro presidencial y sobre cómo se compatibiliza la medida con la política de apertura a inversiones extranjeras que impulsa el propio Gobierno.
El diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel presentó un proyecto para eliminar beneficios fiscales que hoy alcanzan a empresas británicas que invierten en la Argentina. Según sus datos, más de 500 contribuyentes británicos utilizaron en los últimos años esos beneficios, mientras que el uso del régimen por parte de argentinos habría sido significativamente menor. «Es hora de cortar con estos privilegios para contribuyentes de un país que no respeta a la Argentina», afirmó el legislador, quien remarcó que «la defensa de la soberanía requiere consistencia entre la posición diplomática argentina, la protección de nuestros recursos naturales y los instrumentos que regulan la relación económica» con el Reino Unido.
El segundo cuestionamiento apunta directamente al esquema de grandes inversiones que impulsa la Casa Rosada. El diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, denunció que Harbour Energy, compañía británica con antecedentes vinculados a la exploración en Malvinas, participa con el 15% en Southern Energy, un proyecto de exportación de gas desde Río Negro autorizado por el Gobierno para acceder a los beneficios del RIGI. Según el planteo de Ferraro, Harbour Energy es la continuidad jurídica de Premier Oil PLC, empresa que había sido inhabilitada en 2013 bajo la Ley 26.659 por explorar sin autorización argentina cerca de las islas.
La denuncia complica el relato oficial, ya que el propio proyecto busca reforzar esa misma ley y ampliar las sanciones hacia proveedores y socios de compañías que operen sin permiso en la zona en disputa. El detonante de la ofensiva del Gobierno fue el proyecto Sea Lion, que avanza sobre aguas que la Argentina reclama como propias. La Casa Rosada evaluó de forma positiva el primer efecto de los anuncios, al que vinculó con el repliegue de algunas compañías internacionales del área en disputa.
El debate se sumará ahora a una agenda parlamentaria que ya tiene otro frente abierto con la discusión del Presupuesto 2027. Con información de El Litoral.
