El Gobierno negocia ceder en discapacidad para destrabar el presupuesto
Pro y la UCR piden mantener el nomenclador y la actualización de prestaciones. Milei resiste solo en endurecer el acceso a las pensiones.
El Gobierno empezó a revisar su propio proyecto de presupuesto 2027 apenas una semana después de haberlo enviado al Congreso, en el tramo que modifica la ley de discapacidad. Tras las tensiones que generó dentro del gabinete y con los aliados parlamentarios, los libertarios negocian ahora un texto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el proyecto original proponía eliminar.
A cambio, el oficialismo busca endurecer los criterios para acceder a una pensión por discapacidad, aunque ya abandonó la idea de una incompatibilidad absoluta entre ese beneficio y un empleo formal, que era el planteo inicial.
Martín Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, impulsan puertas adentro la idea de que el plan original es difícil de sostener políticamente y buscan margen para acordar con Pro y la UCR. La negociación avanza en simultáneo por dos vías: en Diputados, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado discute borradores con los bloques aliados, mientras que Menem y Santilli llevan la discusión hacia adentro del Ejecutivo, donde Economía, Salud y Legal y Técnica también definen los límites del texto.
El cronograma legislativo presiona los tiempos: el miércoles a las 12 se reunirán en plenario las comisiones de Presupuesto y Discapacidad, y el oficialismo necesita llegar con una propuesta que reúna a los bloques dialoguistas antes de que la oposición imponga su propio proyecto, que extiende por otro año la emergencia en discapacidad.
La Libertad Avanza sostiene que busca terminar con la lógica de sucesivas prórrogas de emergencia y reemplazarla por una ley permanente, con partidas garantizadas cada año en el Presupuesto. Pro y la UCR acompañan ese objetivo, pero condicionan su apoyo a que se mantenga el nomenclador, que las prestaciones sigan actualizándose y que el Gobierno pague la compensación adeudada a los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Según contó a La Nación un referente libertario, ese cronograma de pago será incorporado al nuevo texto.
Restan definir, de todos modos, varios puntos sobre el criterio más estricto para el acceso a las pensiones. El futuro del acuerdo se terminará de negociar en la reunión de Gabinete del lunes y en la mesa política del martes, con la mira puesta en evitar que se repita lo ocurrido en diciembre pasado, cuando el oficialismo perdió un capítulo completo del presupuesto en la votación de Diputados. Todavía no está resuelto si el eventual acuerdo se plasmará en una ley independiente o si quedará incorporado al propio proyecto de presupuesto.
Fuente: La Nación.
