El Gobierno amplió a $962.288 millones el fondo para pagar juicios jubilatorios
La partida del Presupuesto para sentencias firmes contra ANSeS subió $250.000 millones, en medio de un fuerte atraso en los pagos a jubilados.
El Gobierno amplió en $250.000 millones la partida presupuestaria destinada a pagar las deudas previsionales reconocidas por la Justicia. Así, el monto total pasó de $712.288 millones a $962.288 millones, según la Decisión Administrativa 26/2026 publicada en el Boletín Oficial.
El refuerzo se suma a otro de $500.000 millones aplicado en mayo, ante la acumulación de atrasos que mantiene ANSeS en el pago de sentencias firmes a favor de jubilados. El organismo no precisó cuántos juicios podrán cubrirse con la nueva partida ni cuál será el stock de demandas pendientes.
El abogado previsional Adrián Tróccoli explicó que «la cantidad de juicios es difícil de calcular. Se estima que hay unos 94.000 juicios firmes pendientes de pago y otros 240.000 juicios en trámite. También juicios firmes con pago parcial o sin pago por parte de ANSeS que están siendo ejecutados, lo que eleva considerablemente el total de la litigiosidad».
Según un informe del propio organismo, los reclamos por reajuste de haberes representan el 76% de las causas previsionales que llegan a la Corte Suprema.
Ante la falta de actualización presupuestaria en años anteriores, ANSeS había optado por separar el pago del reajuste del haber mensual del pago del retroactivo, dejando este último para una segunda etapa. La ley previsional exige, en cambio, que ambos conceptos se abonen juntos dentro de los 120 días de firme la sentencia, algo que jueces de la seguridad social consideran ilegal.
El stock de juicios no se reduce porque siguen ingresando nuevas causas, muchas de ellas por liquidaciones consideradas incorrectas, por la anulación de pensiones por discapacidad, por el descuento de Ganancias sobre los haberes o por los topes que aplica ANSeS, que según un fallo de la Corte Suprema de 1999 no pueden generar una quita superior al 15%.
Distintas Cámaras Federales de la Seguridad Social, entre ellas las de Tucumán, Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca, declararon la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y marzo de 2024, durante la gestión de Alberto Fernández, y ordenaron reparar la pérdida acumulada. El Gobierno reconoce esa pérdida pero no la repara, mientras el bono de hasta $70.000 para haberes mínimos permanece congelado desde marzo de 2024.
Fuente: Clarín.
