Diputados debatirá desde el miércoles el proyecto de Malvinas

El oficialismo en la Cámara de Diputados fijó fecha para comenzar a debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía que el Poder Ejecutivo envió al Congreso tras la cadena nacional de Javier Milei por Malvinas. La discusión arrancará el miércoles próximo en una reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machada y Juliana Santillán.

Para esa primera jornada está prevista la presencia de funcionarios de Cancillería, Defensa y Justicia, que expondrán los fundamentos de la iniciativa. La idea del oficialismo es realizar un segundo encuentro el 6 de octubre, en el que buscarían firmar el dictamen para habilitar su tratamiento en la sesión que se espera para el 7 de octubre, la misma fecha en la que también se debatirían los proyectos de Discapacidad y de Endeudamiento.

El texto deroga la actual Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, y crea un nuevo régimen de sanciones que amplía su alcance a cualquier actividad de aprovechamiento de recursos naturales realizada sin autorización argentina, lo que incluiría también a la actividad pesquera. Prevé multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos, resolución de contratos y sanciones penales para personas y empresas que participen o faciliten esas actividades, además de un mecanismo para regularizar situaciones mediante el pago de una suma o la reconversión de inversiones.

La iniciativa también crea un nuevo sistema de seguridad nacional y un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, que incorpora al concepto de seguridad cuestiones de soberanía, economía, relaciones exteriores, inteligencia, infraestructura y ciberespacio.

El proyecto ya generó rechazos puntuales en la oposición. El artículo 111, que modifica el Código Penal, establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado u organización extranjera, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado. El radical Pablo Juliano advirtió: «El presidente que acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso».

Desde el MID cuestionaron además que algunos artículos otorgarían facultades extraordinarias al Ejecutivo en detrimento del Congreso: «La existencia de procedimientos operativos para responder a amenazas concretas no debería confundirse con una habilitación general para desplazar las atribuciones que la Constitución le reserva al Congreso en su artículo 75». El diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés fue más directo: «El proyecto está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas».

La nota se elaboró con información de Clarín.