Córdoba pidió a la Justicia «ir a fondo» en el caso del legislador Flores

El ministro de Comunicación de Córdoba, Daniel Pastore, se refirió en el programa Arriba Córdoba a la causa por grooming, abuso sexual y presunta explotación sexual infantil que tiene lugar en Villa de María de Río Seco y que salpica al legislador Ramón «Cañito» Flores.

«Ya lo manifestó el gobernador, el hecho es de características absolutamente aberrantes. Desde el Ejecutivo lo que planteamos es que la Justicia vaya a fondo y que todos los que tengan responsabilidades les caiga todo el peso de la ley», afirmó el funcionario.

La investigación judicial cuenta con 15 personas acusadas, entre ellas cuatro asesores de Flores. Uno de ellos, José Aníbal Ricardo Villarreal, está imputado por abuso sexual con acceso carnal.

En paralelo, la Legislatura cordobesa debía definir este miércoles el futuro de Flores, luego de que el legislador presentara un pedido de licencia por seis meses. El oficialismo respalda esa salida, mientras que sectores de la oposición reclaman directamente su expulsión.

Consultado sobre ese proceso, Pastore remarcó que se trata de una decisión que corresponde a otro poder del Estado: «Lo que suceda hoy en la Legislatura con el futuro del legislador Flores es un tema que se debe resolver en ese ámbito y estamos expectantes con lo que suceda». Y agregó: «Desde el Ejecutivo pretendemos que se resuelva en un poder distinto e independiente que es el ámbito legislativo… y respetaremos absolutamente lo que allí se resuelva».

El ministro sostuvo además que el rol del Ejecutivo es garantizar condiciones para que avance la causa judicial: «Lo que sí hacemos nosotros es generar las condiciones para que la Justicia lleve adelante con la mayor libertad y con los recursos disponibles la investigación». También descartó cualquier trato diferencial: «No hay ningún privilegio para nadie, incluidos quienes trabajen en el ámbito estatal, como el caso de estas dos personas».

Por otra parte, Pastore vinculó el escándalo con un debate más amplio sobre los mecanismos de contratación en el Estado provincial, en medio de otros casos que generaron polémica en Córdoba. «Estos casos ponen en debate todo el esquema de contratación, a nosotros en lo que respecta al ámbito del ejecutivo, por indicación de Llaryora, hemos tomado ya medidas y estamos trabajando en otras para avanzar en los controles», indicó.

Finalmente, reconoció los límites del Estado para prevenir delitos, pero remarcó el compromiso de evitar la impunidad: «No podemos garantizar que no haya hechos delictivos, lo que debemos garantizar es que no haya impunidad y generar barreras para que los ingresos sean cada vez más exigentes. Estamos comprometidos en eso, discutiendo alternativas y seguramente vamos a ir dando respuestas institucionales en un futuro cercano».

Con información de El Doce.