Bolivia aprueba crédito de USD 1.900 millones con el FMI y elimina subsidios

El Congreso de Bolivia aprobó un programa de financiamiento por unos USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de un acuerdo a 36 meses que respalda las reformas económicas del gobierno de Rodrigo Paz. La Cámara de Diputados dio el primer visto bueno y el Senado dio la sanción definitiva días después.

El acuerdo todavía necesita la ratificación del directorio del FMI, que lo analizará el 2 de octubre. El programa se enmarca en el Servicio Ampliado del organismo e incluye reducir el déficit fiscal, fortalecer las reservas internacionales, aplicar una política monetaria más restrictiva y avanzar hacia un tipo de cambio más flexible.

El Gobierno boliviano espera además que este acuerdo destrabe financiamiento adicional por más de USD 5.000 millones del Banco Mundial, el BID y otros organismos multilaterales en los próximos tres años.

Uno de los compromisos centrales es la eliminación de los subsidios estatales a los combustibles. Paz anunció el fin inmediato del subsidio al diésel, cuyo precio empezó a ajustarse a los costos de importación. El Gobierno argumenta que el esquema anterior alentaba el contrabando hacia países vecinos y agravaba los problemas de abastecimiento.

La medida llega en medio de una fuerte escasez de combustibles y divisas. Según datos citados por Reuters, las reservas internacionales netas de Bolivia rondan los USD 3.170 millones, pero apenas USD 52 millones son activos líquidos. La meta del Ejecutivo es llevar las reservas a casi USD 6.000 millones hacia fines de 2026.

Para amortiguar el impacto social de la reforma, el Gobierno anunció un bono para unos 2,9 millones de personas y una línea de créditos preferenciales por 800 millones de bolivianos para transportistas, comerciantes, artesanos y productores. Aun así, la quita de subsidios genera resistencia en sectores del transporte y la producción agropecuaria, que ya advirtieron sobre posibles movilizaciones.

El clima social ya venía tenso: en los últimos meses Bolivia sufrió bloqueos de rutas y protestas que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Por ese riesgo, la Asamblea Legislativa extendió por 90 días más el estado de excepción vigente desde junio.

El programa con el FMI fija como meta bajar el déficit fiscal desde el 9,1% del PBI proyectado para 2026 hasta el 3,8% en 2028. El primer desembolso, estimado en unos USD 250 millones, podría llegar pocos días después de que el directorio del FMI apruebe formalmente el acuerdo.

Con información de El Litoral.